El Intendente, Jorge Ulloa, junto al Seremi de Educación, Fernando Peña y directores de establecimientos educacionales de la zona; analizaron el Proyecto de Ley Aula Segura y su aplicación en la región del Biobío.

La  normativa busca fortalecer las facultades de los directores en materia de expulsión y cancelación de matrícula en casos graves de violencia. Esto debido a que actualmente solo  pueden ser expulsados cuando los hechos estén contemplados en el reglamento interno del establecimiento y bajo un procedimiento que dura al menos 25 días hábiles, sin posibilidad de separar al alumno de la comunidad educativa que fue víctima de los hechos violentos.

La ley estima que en casos excepcionales y de especial gravedad, se debe aplicar un procedimiento simple e inmediato de expulsión y cancelación de matrícula.

Según el Intendente de la Región del Biobío, las causales son específicas y con una descripción taxativa, «se aplicará la ley en casos de uso, posesión, tenencia y almacenaje de ciertos tipos de armas definidas en la Ley de Control de Armas y artefactos incendiarios, explosivos y de características similares, como por ejemplo bombas molotov».

Por su parte, el Seremi de Educación, Fernando Peña, agregó que las agresiones físicas que produzcan lesiones a docentes, asistentes de la educación y manipuladoras de alimentos, también son causales de sanción y aplicación de la normativa: «Nuestra primera preocupación es la seguridad de toda la comunidad educativa. No queremos seguir viendo a profesores amenazados y agredidos, a alumnos y apoderados viviendo con temor».