Durante 2018, un 60% de los funcionarios de servicios de salud del país manifestó haber sido víctima de amenazas, agresiones verbales o físicas. Es esta situación la que busca enfrentar el proyecto de ley firmado por el Presidente Sebastián Piñera, cuyos detalles fueron dados a conocer este viernes en la sede de la Confusam por el Ministro de Salud, Emilio Santelices, y la Subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, acompañados de los gremios de la salud.

El proyecto, que nace a partir de una mesa de trabajo entre el Gobierno, representado por el Ministerio de Salud y la Subsecretaría de Prevención del Delito; los gremios de la salud como el Colegio Médico y la Confusam; y la Asociación Chilena de Municipalidades, propone cuatro medidas fundamentales:

• Tipificar el delito de maltrato de obra a los trabajadores de la salud.
• Garantizar el derecho a defensa jurídica y establecer la presunción de veracidad para quienes han sido víctimas de agresiones.
• Aumentar las penas, al considerar como un agravante de responsabilidad penal que los delitos sean contra funcionarios de la salud.
• Crear un registro de agresores, lo cual facultará a los establecimientos para derivar a otro centro a personas con antecedentes de este tipo, siempre que no se trate de una situación de urgencia.

El Ministro de Salud, Emilio Santelices, hizo hincapié en el aumento de penas que propone este proyecto para los infractores que agredan física o verbalmente a los funcionarios de salud. “Es importante porque genera obligaciones a los directores de los establecimientos para que presenten las denuncias correspondientes y garantiza el acompañamiento de las víctimas”, expuso.

La Subsecretaria Martorell explicó que esta ley es una prioridad para el Gobierno del Presidente Piñera y pretende que los funcionarios puedan trabajar con tranquilidad y seguridad, a fin de dar un mejor servicio a los chilenos. “Esta ley significa un gran avance. Ahora necesitamos un compromiso país y en el Congreso para otorgar más a seguridad quienes realizan una de las labores más nobles, que es proteger y sanar a aquellos que están vulnerables por una enfermedad”, señaló.

Mayor presencia policial

Más allá del texto del proyecto de ley, la Subsecretaria Martorell explicó que una de las medidas acordadas en la mesa de trabajo fue que cada centro asistencial del país tenga un contacto directo con un carabinero destinado a resguardar la seguridad de estos establecimientos.

Estos funcionarios, que permanecerán en la comisaría o unidad policial más cercana a los centros, tendrán por misión entregar asesoría, revisar las medidas seguridad e infraestructura de los centros, así como actuar de la manera más oportuna posible frente a situaciones de emergencia.

Gremios agradecen al gobierno

A su vez, la firma de este proyecto de ley fue agradecida por las diversas asociaciones de trabajadores de la salud, entre ellas el Colegio Médico, que a través de su presidenta, Izkia Siches, solicitó el apoyo de los parlamentarios para que la ley avance rápidamente y resaltó que “muchos de los riesgos que sufren los equipos salud producen migración de profesionales desde el sector público al privado, lo que perjudica a los pacientes”.

Una opinión similar tuvo Gabriela Flores, presidenta de Confusam, quien destacó las medidas que ha tomado el Ejecutivo frente a los crecientes episodios de violencia que han tenido lugar en los centros de atención primaria. “Muchos creen que es un derecho agredir a los trabajadores. Tenemos que defender este proyecto en el Parlamento, que va en beneficio de los 45 mil trabajadores de la Confusam y todos los trabajadores de la salud del país”, concluyó.