El Ejecutivo comenzó la siguiente etapa de la política migratoria implementada por el Presidente Sebastián Piñera tras concluir el proceso de regularización extraordinaria para migrantes que desearan permanecer en Chile.

Ante 55 oficiales de la Policía de Investigaciones formados en la Plaza de Armas capitalina, y junto a autoridades de la Inspección del Trabajo y de la Seremía de Salud, el Ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick, dio el vamos a la fase de fiscalización de documentos a quienes permanecen en nuestro país.

“Hemos iniciado un plan de fiscalización para que aquella persona migrate que se encuentra en el país sepa que tiene que estar en Chile de acuerdo a la ley, cumpliendo con los requisitos”, señaló el titular de Interior.

Para este plan de fiscalización, el Ministerio de Interior y Seguridad Pública ha dispuesto que la PDI realice durante 2019, más de 85 mil fiscalizaciones, lo que implica multiplicar por seis el número de controles llevados a cabo el año anterior. El objetivo final es la detección de irregularidades migratorias y la detección de infracciones en el área laboral, ya sea por la contratación de migrantes irregulares, sin permisos de trabajo o por la vulneración de sus derechos fundamentales y otras irregularidades.

“La Policía de Investigaciones hace la fiscalización y, si hay alguna irregularidad, deja la citación al Departamento de Extranjería. De no concurrir, se puede iniciar un proceso administrativo de expulsión”, explicó el Ministro Chadwick al inicio del operativo que se replicó en 13 ciudades de nueve regiones.

Otras medidas para ordenar la casa

Al asumir en 2018, el Presidente de la República definió que poner orden en materia de migraciones era una de las tareas prioritarias. El diagnóstico daba cuenta de una situación descontrolada con una cantidad de inmigrantes que se triplicó entre 2014 y 2017, pasando de 462 mil a 1.190.000.

La última estimación a diciembre del 2018 sitúa la cifra en 1.251.000.  Esta es una cifra significativa y que requiere de una total atención del Ejecutivo. Es así que el Ministerio del Interior y Seguridad Pública se abocó a ajustar las normas de ingreso a Chile con nuevas categorías y procedimientos de visado.

Junto a ello se ha desarrollado un plan de ejecución de órdenes judiciales y administrativas de expulsión de extranjeros con antecedentes penales. Este permitió que en 2018 más de 2 mil extranjeros salieran de Chile y otros 579 en lo que va de 2019.

A eso se sumó el proceso de regularización extraordinaria que dio facilidades a más de 156 mil personas para normalizar sus antecedentes, restando solo el proceso de entrega de visas temporarias a quienes les fueron aprobadas. El último balance permite afirmar que 16 mil de ellos no cumplieron con los requisitos para permanecer en Chile, mientras que otros 50 mil no se han presentado a retirar el documento ya aprobado que posibilita su permanencia de forma legal.

“Hago un llamado a quienes ya están regularizados a que vaya a las oficinas de Extranjería para completar y tener formalmente su regularización”, agregó el Ministro del Interior quien recordó que la entrega de estas visas se concluye el 22 de julio próximo.