Esta tarde, el ministro del Interior y Seguridad Pública, Gonzalo Blumel, junto al titular de Defensa, Alberto Espina, anunciaron una serie de medidas para fortalecer la fiscalización de las restricciones sanitarias en las comunas que se encuentran en cuarentena por el Covid-19.

El Jefe de Gabinete valoró el trabajo que están realizando las instituciones, tanto las Fuerzas Armadas como las Fuerzas de Orden y Seguridad, Carabineros y la PDI para enfrentar esta crisis sanitaria.

Además, señaló que junto al desafío que significa la pandemia, hay objetivos permanentes para proteger a las personas: el resguardo del orden público y el combate al delito.

En este sentido, apuntó a reforzar el trabajo sanitario, de orden público y seguridad a partir de 3 ejes de acción:

1. Reforzar los patrullajes y aumentar la dotación y despliegue de las FFAA y Fuerzas de Seguridad y Orden Público en cada comuna del país, utilizando toda la tecnología y herramientas disponibles. Para esto, anunció también la firma de un decreto que faculta a los municipios para colaborar y contribuir en estas tareas de fiscalización sanitaria.
2. Ley en el Congreso que endurece las sanciones y multas para quienes incumplan las medidas de control sanitario. “Se están aumentando las penas contempladas en el Código Penal de 540 días a 3 años de cárcel, para los casos más graves. Y también se están aumentando las multas hasta 50 millones de pesos”.
3. Herramientas de persecución penal y el uso de los instrumentos que otorga la Ley para presentar acciones penales cuando corresponda.

Respecto a la fiscalización en el contexto de esta pandemia, el ministro sostuvo que “el fin de semana se supo del caso de una fiesta de un irresponsable en el camino a Melipilla en la comuna de Maipú, y esa persona hoy día está en prisión preventiva. Hoy día también se supo de otro caso de una persona que intentó sobornar a un funcionario policial. Nos hemos querellado y esa persona ha quedado en prisión preventiva. Cada vez que sea necesario, ejerceremos las acciones penales para asegurar que los irresponsables asuman las consecuencias de sus actos. Confiamos en la responsabilidad de la gente, confiamos en el cumplimiento de las obligaciones y deberes ciudadanos, pero nosotros, como representantes del Estado, como representantes de la autoridad pública, vamos a usar todas las atribuciones que corresponden y que nos entrega la ley para proteger la salud de las personas, para proteger su seguridad y para proteger su integridad”.