A las 10 horas el Ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado, junto a la Subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, se reunieron esta mañana con el Fiscal Nacional, Jorge Abott. El motivo: solicitar al Ministerio Público que aplique la medida de sanción de trabajos comunitarios a asistentes de fiestas clandestinas.

«Pudimos conversar acerca de hacer operativo algo que ya existe en el Código Penal, que son las penas alternativas. Hay en este momento un segmento de nuestra población, personas que insisten en conductas impropias, como participar u organizar fiestas clandestinas, que necesitan una experiencia de vida distinta, vincularse con personas que les puedan dar una señal para enfrentar situaciones tan complejas como una pandemia», afirmó Delgado.

Agregó: «Le presentamos un plan que ya tenemos conversado con dos subsecretarios para poner a disposición espacios para trabajos comunitarios. Uno de ellos son las cuadrillas sanitarias, que dependen de la subsecretaria Paula Daza, que lo que hacen es recorrer las comunas informando las medidas sanitarias, previa capacitación. Hacerse cargo de lo que ellos mismos violaron en algún momento. Lo segundo, Chile Atiende, donde hay una serie de importantes beneficios del Estado que, producto de la pandemia, están disponibles y la gente a veces no está tan informada, y estas personas podrían hacer una labor informativa».

La Subsecretaria Katherine Martorell comentó que “este es el primer plan que le hemos presentado al fiscal Abbott, la idea es construir un sistema que permita generar el trabajo comunitario como pena alternativa pero que realmente sea eficiente, efectiva y que ese trabajo sea un aporte a la sociedad”.

Explicó que “en este contexto de pandemia, de acuerdo a lo que establece nuestro Código Penal, que nos autoriza a este tipo de penas sustitutivas, se han establecido dos programas. La idea es crecer a muchos más. Estos dos programas es que las personas que han estado en reuniones y fiestas clandestinas tengan que ir a enseñarle a las otras personas cuáles son las medidas de autocuidado para no contagiarse. También, que todas las personas puedan conocer la realidad de nuestro país. Ese golpe de realidad es muchas veces más importante que pagar una multa».

Las autoridades precisaron que se escogieron estas dos instancias para comenzar, porque es necesario hacer un seguimiento de las personas que realizan trabajo voluntario, para verificar que cumplan con sus labores y horarios. Con las cuadrillas sanitarias y Chile Atiende se lograría un monitoreo en este sentido.

Aclararon que esto no excluye de multas por sanciones administrativas, que son paralelas a las faltas penales. Puede ser que una persona tenga que realizar trabajo comunitario como resultado del juicio penal y, además, pagar una multa (que puede llegar a los 50 millones de pesos) como resultado de la responsabilidad administrativa.