El ministro de Interior y Seguridad Pública (s) y Defensa Nacional, Baldo Prokurica, destacó el importante avance legislativo en el Congreso de dos proyectos que combaten de forma más efectiva la delincuencia, y buscan entregarle mayor seguridad a los ciudadanos, así como la  pronta presentación de una iniciativa que endurece las penas de los delitos violentos –como encerronas y portonazos- en contra de niños y menores de 14 años.

“Quiero valorar el apoyo del Congreso a dos proyectos de ley muy importantes para la seguridad de todos los chilenos: el proyecto Juan Barrios, que entrega mejores herramientas legales para enfrentar los ataques incendiarios a vehículos; y cambios a la ley de drogas para mejorar la persecución del narcotráfico y crimen organizado. Queremos dar una clara señal: Los delincuentes son los que deben sentir temor de ser aprehendidos y condenados, no los ciudadanos de vivir con miedo. Vamos a perseguir a los delincuentes hasta el último rincón en que se encuentren”, afirmó el ministro Baldo Prokurica.

En la mañana, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó, en primera instancia, un proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales de la ley de drogas 20.000, con el objetivo de mejorar la persecución del narcotráfico y crimen organizado, regular el destino de los bienes incautados en esos delitos, fortalecer las instituciones de rehabilitación y reinserción social.

El proyecto incorpora el comiso por equivalencia, el cual permite que, cuando por cualquier circunstancia no sea posible decomisar el producto de un delito y demás bienes, se podrá a plicar el comiso a una suma de dinero equivalente a su valor; la incorporación de un nuevo tipo penal relativo al consumo de droga sin consentimiento; la eliminación de los conceptos de calidad y pureza; entregarle bienes incautados a las unidades policiales para combatir el narcotráfico; fortalecimiento del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda), y mayores estándares para el control de consumo de drogas en autoridades públicas.

Asimismo, Prokurica valoró la aprobación por parte de la Sala del Senado, también en primer trámite legislativo, del proyecto de ley que castiga a quienes incendien vehículos motorizados, entre otros tipos de bienes e infraestructura.

La iniciativa, conocida como “Ley Juan Barrios”, recibió este nombre por el camionero que fue quemado vivo el 9 de febrero de 2020 mientras pernoctaba en su camión, resultando con heridas tan graves que le causaron la muerte el 4 de marzo de 2020.

Debido al impacto de este caso, y con propósito de combatir el crimer organizado, en agosto del año pasado el Presidente Piñera presentó la iniciativa que considera la actualización los artículos 474, 475 y 476 del Código Penal, perfeccionando los tipos penales al incluir a los vehículos motorizados, aeronaves, entre otros, no considerados en el citado Código dada la antigüedad de su redacción.

La iniciativa también modifica el artículo 268 ampliando las sanciones a quienes, mediante violencia o intimidación, retengan o tomen el control de cualquier vehículo motorizado.

Nuevo proyecto contra portonazos y encerronas

La autoridad también destacó el pronto envío de un proyecto de ley, que fue anunciado hoy por Presidencia, que endurece las penas respecto a los delitos violentos que involucren un robo con homicidio en contra de niños, personas menores de 14 años, mayores de 65 años, o en situación de discapacidad.

La iniciativa contempla un aumento en las sanciones respecto de aquellos casos en los que, con ocasión del delito, se produjese la muerte de un niño, o cualquier persona, que, en atención a sus circunstancias de edad o salud, debiese ser objeto de especial protección por parte de la legislación penal.

De esa forma, en virtud de esta modificación legal, cuando el resultado recae sobre un infante, adulto mayor o persona en situación de discapacidad, se impondrá la pena en su máxima intensidad. Así, por ejemplo, en el robo con homicidio o violación, la pena será de presidio perpetuo calificado, esto es, la privación de libertad del condenado de por vida, máxima sanción que contiene nuestro Código Penal.